Corte de Caja

José Martínez


Construcción de obras, negocio del gobierno federal; urgen controles


Uno de los temas que ha salido a la luz pública con el socavón del paso Express en el estado de Morelos es que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal contrató a diversas empresas para que supervisaran los avances de la obra, y verificaran que cumpliera con los criterios de construcción requeridos.

A pesar de ello, lo ocurrido hace unas semanas, y que cobró la vida de dos personas, evidencia que las empresas supervisoras no hicieron su trabajo, o voltearon a ver a otro lado en la revisión. Esta situación no es nueva en la SCT ni en el gobierno federal, lamentablemente.

En Tabasco tenemos el ejemplo de los planes contra inundaciones que iniciaron desde el año 2003 con el Programa Integral Contra Inundaciones (PICI), en la que se aplicó recursos estatales y federales durante la administración del hoy diputado Manuel Andrade Díaz para un programa de obras contra inundaciones que deberían de concluirse en el año 2006, cuando el entonces gobernador dejara Palacio de Gobierno.

Las obras nunca se concluyeron, la Conagua acusó que el gobierno estatal incumplió con la aplicación de los recursos estatales, algo que difícilmente sabremos a estas alturas.

Pero lo que dejó claro la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue que en la revisión de las obras del PICI después de las inundaciones del año 2007, no cumplieron con la calidad necesaria. El Macayo, que se inició en el año 2003 y se concluyó diez años después, ahí se determinó que los materiales empleados no eran los apropiados para esa obra de control de los ríos.

Sin dejar rastro, y menos sancionar a responsables de las irregularidades del PICI, éste desapareció, y en el año 2008 dio paso al Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT).

Siendo que en el desarrollo de este nuevo programa contra inundaciones que la Conagua empezó a destinar recursos para la supervisión técnica de control de calidad de las obras realizadas para proteger a Tabasco.

Del año 2011 al año 2015 la Conagua en Tabasco firmó 49 contratos se supervisión técnica de las obras realizadas dentro del PHIT, con 25 empresas a las cuales pagó un total de 215 millones pesos.

Sobra decir que durante la construcción de las obras contra inundaciones se dieron una serie de atrocidades ambientales, sociales y culturales.

Empezando con las obras que se caían en las márgenes del río Carrizal, ya que el río “dejaba” de hacer presión, pasando con las obras de “emergencia” construidas río abajo de la ciudad de Villahermosa, que inundó a más de 5 mil familias, y que llevó a una recomendación de la CNDH, que por supuesto la Conagua nunca aceptó por considerar que no tenía responsabilidad alguna en esta situación.

El cuestionamiento quedó ahí: cuáles obras revisaron estas empresas supervisoras si eran de ocurrencia, según los momentos que se vivían en ese entonces.

Tres fueron las empresas más beneficiadas con estos contratos de supervisión técnica de la Conagua en Tabasco: Azber, Cargro y GS.

Los contratos de obra es un buen negocio para privados y funcionarios, pero muy malo para la población. La supervisión debe hacerse efectiva.

HABERES
SOBRE el saqueo a Tabasco, el Fiscal Fernando Valenzuela Pernas, adelantó que el estado tiene la posibilidad de recibir recursos de lo “asegurado” como parte del proceso de reparación de daños. Sería un porcentaje de lo que el Juez de Texas asigne. Un paso importante en la recuperación de lo saqueado, sostuvieron funcionarios.