Corte de Caja

Se queja Corral del uso faccioso y electoral de Hacienda

José Martínez

La corrupción puede definirse como el apropiamiento de lo público para fines privados. Esto encaja muy bien para lo que durante años se ha hecho en diversas campañas políticas. Lamentablemente no hay partido que se salve de estos señalamientos. Es mucha la tentación de meterle mano al presupuesto para favorecer a los candidatos más afines.
Dicha situación no es nueva, si recordamos que durante años los partidos dominantes recurrían al corporativismo para ganar elecciones o al uso del personal y vehículos públicos para inclinar los resultados electorales hacia sus candidatos. Hoy se sigue usando de muchas formas en algunos estados y municipios.
Con el paso de los años se han afinado los mecanismos de desvíos de recursos para campaña políticas. Ahora coordinados por funcionarios de primer nivel.
Esta cuestión ha cobrado actualidad por las denuncias de Javier Corral Jurado, actual gobernador de Chihuahua.
En diciembre de 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del Comité Nacional del PRI, por su presunta vinculación al desvío de recursos públicos del estado de Chihuahua por 246 millones de pesos. Los expedientes indican que el dinero iba a las campañas políticas del tricolor en los estados donde necesitaba dinero para ganar los procesos del año 2016. Por supuesto que la dirigencia del PRI ha negado tal versión y exige al gobierno de Corral Jurado probar sus dichos.
El actual mandatario de Chihuahua, quien llegó al poder mediante una alianza encabezada por el PAN, ayer denunció que el gobierno federal está tomando represalias ante la indagatoria de las autoridades estatales. Dijo Corral ayer en la Ciudad de México que desde la Secretaría de Hacienda federal existe un “intento de estrangulación económica” al estado por la investigación que realiza la fiscalía local sobre el caso de una supuesta triangulación de recursos públicos destinados a campañas electorales del PRI.
En conferencia de prensa refirió que por la investigación de peculado que realiza su gobierno se puso en entredicho “el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual (en Hacienda) tomaron la decisión de incumplir, de modo unilateral, la entrega de los recursos establecidos en los convenios”.
Afirmó que la Secretaría de Hacienda no depositó 700 millones de pesos con los que se concluiría el ejercicio fiscal 2017, destinados para el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros.
De inmediato, la dependencia encabezada por José Antonio González Anaya respondió en un comunicado que la programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza bajo el principio de imparcialidad. Sostuvo que esta planeación  “no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”.
Este asunto dará mucho de qué hablar, ya que podrían estar implicado además de los militantes del PRI, altos funcionarios públicos y personajes como el ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien por cierto ya tramitó un amparo para evitar ser detenido por el caso.
Lo que se denuncia en Chihuahua nos recuerda el famoso Pemexgate, del desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, en la campaña presidencial del año 2000.
Tanto los denunciantes como los denunciados están obligados a esclarecer el presunto tráfico de recursos e influencias en Chihuahua.

HABERES

DESDE el más alto nivel del gobierno federal niegan que se haya dado un gasolinazo. Dicen que solo se han movido algunos centavos, no más.